miércoles, 27 de octubre de 2010

Corrupcion en invernaderos municipales.

Los frutos que Juan Rodríguez esperaba no se dieron: hoy tiene una deuda de 320 mil pesos y un invernadero con tomates plagados. Este pequeño agricultor originario de Atotonilco decidió entrar al Programa de Desarrollo Rural Municipalizado de Alianza para el Campo de Sagarpa, buscando sobrevivir a la ruina de la agricultura de temporal, que tiene en vilo a muchos campesinos.

Sin embargo, la empresa que contrató, obligado por las instancias de gobierno, para la construcción, asesoría y comercialización, desapareció apenas levantó unas carpas plastificadas maltrechas con materiales de baja calidad.

En junio de 2007, Juan firmó los documentos requeridos por el gobierno municipal de Tlaxco, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Había organizado a 15 ejidatarios y aparceros de su comunidad para iniciarse en el negocio especializado de la producción de jitomate en invernaderos. El proyecto sería posible gracias a la mezcla de recursos gubernamentales y al préstamo de Banorte: 30% recursos públicos, 70% deuda bancaria. El banco solicitó una garantía en efectivo y una prendaria: el gobierno federal aportó 90 mil pesos de garantía líquida. Juan hipotecó su casa, el costo total del invernadero fue de 320 mil pesos.

Pero había una condición por parte de las instancias públicas y del banco: no obstante que los productores tenían mejores cotizaciones, la empresa Invermaleno, propiedad de José Salvador Maleno Ruiz, debía ser contratada para el proyecto. La noche en que Juan Rodríguez firmó el contrato de compra-venta y asesoría técnica en su casa, frente a Luis Humberto Hernández González, entonces encargado de desarrollo rural de la presidencia municipal de Tlaxco, no entendió muchas cláusulas. “Luis Humberto Hernández González acudió a nuestro domicilio para llevar el contrato de compra-venta y asesoría técnica, el cual permitió que leyera mi hijo… le dijo que no entendía todas las cláusulas, que si le explicaba; respondió que no tenía tiempo, que todavía faltaba la firma del presidente municipal, pero que todo estaba en regla"

En total 13 agricultores decidieron poner una denuncia, presentada el 1 de diciembre de 2008, la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala realizó un peritaje al invernadero de Juan, encontró una nueva sorpresa: los peritos estimaron su valor máximo en 150 mil pesos, los materiales eran de mala calidad, la construcción resultó un fiasco. El agricultor había pagado 170 mil pesos de más, su invernadero no producía y su casa, hipotecada.

“Nos obligaron, en lugar de haber cedido debí denunciarlos. Caímos en su juego por la ambición de tener un invernadero”, cuenta Juan en medio de matas plagadas. “No sé si me vayan a embargar mi casa. No quiero quedar a deber, pero no hay de donde pagar”.

Segunda estocada.
Juan Rodríguez acudió desesperado a las oficinas de Sagarpa, institución federal responsable de coordinar la Alianza Municipal junto a los gobiernos estatales y municipales. La situación era clara: la empresa sugerida por las autoridades cobró más del doble del valor real del invernadero, incumplió compromisos de capacitación y comercialización del jitomate y dejó a productores inexpertos a la deriva en un negocio muy especializado.

La Sagarpa accedió a dar 118 mil pesos para la reconstrucción del invernadero de Juan, a través del Programa de Adquisición de Activos Productivos, pero el apoyo para sanear los daños ocasionados tenía una nueva condición. “El delegado de Sagarpa nos impuso una constructora a su gusto: ‘les voy a dar el dinero, pero tienen que contratar a la constructora que yo digo’”.

La nueva constructora tampoco hizo el trabajo de forma adecuada: “Se desapareció y quedamos igual”.

En medio del invernadero de una hectárea, sembrado con plantas marchitas, bajo la presión de sus deudas, Juan anuncia que cortará todas las matas de jitomate y sembrará otra vez, aunque las cosechas apenas dan para pagar gastos corrientes. No tiene opción: su parcela de temporal es una moneda al aire, las lluvias y las sequías han arrasado las cosechas. En México, 78% de las unidades de producción han sufrido pérdidas por el clima, según el censo agropecuario del 2007.

“Voy a invertir más. Nos entregaron unos calentadores para el frío, esos calentadores consumen de 500 a 600 pesos diarios de diesel y luz. Eso gasto a diario; si no tenemos precio nos vamos a la ruina”, dice Juan.

Estocada final.
Juan realizó un proyecto técnico para solicitar el apoyo gubernamental, ayudado por un intermediario, impuesto por el municipio y avalado por Sagarpa; estimó gastos y costos. Sin embargo, su expectativa de precios fue demasiado optimista para las condiciones del mercado: 5 pesos el kilogramo de jitomate, pero en su última cosecha vendió el kilo en tres pesos, en agosto de 2010. “El año pasado perdí como 15 mil pesos”, dice Juan. La producción anual estimada en el proyecto era de 280 mil pesos el primer año.

Las quejas sobre el desempeño de las instituciones de desarrollo rural sobran: los subsidios llegan tarde —febrero llega hasta octubre—, imponen la compra de ciertas marcas de fertilizantes, condicionan la entrega de recursos a la contratación de empresas de servicios… “La burocracia es la que nos acaba”, dice Eduardo, comisario ejidal de Atotonilco, comunidad de Tlaxco, Tlaxcala.

Los productores se quejan amargamente de la falta de condiciones favorables de comercialización: los precios por los suelos, los acaparadores aprovechan los reveses del tiempo, no hay lugar para vender sus productos a precios justos. “La gente debe y no tiene dinero para pagar, no se mueve el dinero, fiamos y no pagan”, dice el comisario ejidal.

“Nos entusiasmamos con los créditos, verdaderamente pensamos que iba a funcionar”, “En el campo se hace pensar que los apoyos son dádivas que tienen que ser agradecidas y no derechos de los agricultores a partir de la contribución de todos los mexicanos al erario” concluye el productor.

Los funcionarios locales se encubren bajo estructuras burocráticas que ante la falta de sanción parecen ignorar sus abusos. “Lo grave de esto es la droga que tenemos, debemos pagar 100 mil pesos este año”, lamenta Juan.

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