Detalló que los motivos que los alentaron a tomar la presidencia, tienen sus raíces en la Sesión de Cabildo del pasado cuatro de enero, en el que por petición de los mismos integrantes del H. Cabildo, la sesión se llevó a cabo a puertas cerradas.
En dicha sesión solemne, los presidentes de comunidad exigieron un incremento a 7 mil pesos quincenales en su salario, esto, pese al sacrificio de la obra pública que se tendría que hacer para complacerlos.
Ante dicha situación, Rosalinda explicó que el gasto corriente de este año, apenas alcanzó un incremento del 1.19%, mismo que fue destinado a los salarios de los presidentes de comunidad y regidores, motivo por los que se estableció una percepción superior a los 5 mil y hasta los 7 mil pesos quincenales, más gastos a comprobar.
“Incluso les pregunte que si estaban dispuestos a que se redujera el número de obra pública en sus comunidades para que se les incrementara su salario y los mismos presidentes que tomaron la presidencia dijeron que sí, y yo les dije que no porque mi responsabilidad con la ciudadanía fue el trabajar de manera conjunta y cuidar sus intereses”, detalló la presidenta.
Respecto al retraso de la cuenta pública, una de las supuestas inconformidades de los seis presidentes y dos regidores panistas, así como un edil auxiliar y un regidor del Partido Socialista (PS) y uno del Partido Liberal Tlaxcalteca (PLT), Muñoz Sánchez, indicó que en gran parte es responsabilidad de ellos mismos, ya que la obra fue ejecutada por administración directa en las 38 comunidades.
Asimismo, evidenció que en el caso del regidor Gabriel y Arturo Rodríguez respectivamente -parte de los inconformes- aún deben sus gastos a comprobar del año pasado, “entonces es una incongruencia que estén peleando la entrega de la cuenta pública y la transparencia de recursos, ya que si estamos atrasados también es su culpa”.
De esta manera, puntualizó que lo único que piden es revocar los acuerdos de la sesión de Cabildo del cuatro de enero, toda vez que es una afectación personal; “pero están tomando una bandera equívoca”.
Finalmente, Muñoz Sánchez dio a conocer que tanto la síndico, Gabriela Martínez González, como el regidor de patrimonio cultural, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a fin de presentar la denuncia pertinente por la toma de la alcaldía, y fincar responsabilidades por deshabilitar las cámaras de seguridad al interior del edificio y cualquier pérdida o daño que se presente.
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