Funcionario tlaxquense acusado de abuso de autoridad

Denuncian al Ejecutivo por allanamiento y abuso de autoridad
Ante la PGJE

El Sol de Tlaxcala

14 de febrero de 2012

Leticia Espinoza

Tlaxcala, Tlaxcala.- Desde el pasado ocho de febrero la familia Luna Morales presentó denuncia formal por los delitos de allanamiento de morada, abuso de autoridad y los que resulten, en contra del Ejecutivo estatal, misma que quedó asentada en la averiguación previa 488/2012/Tlaxcala-3 presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tras ser víctimas, ese mismo día, del despojo del predio de 800 metros cuadrados, marcado con el número 10 de la calle Francisco I. Madero, en la comunidad de San Gabriel Cuahutla, municipio de Tlaxcala.

En rueda de prensa a las afueras del domicilio señalado, Álvaro Luna Robles y Virginia Morales Romero, quienes, con copia de escrituras en mano, se acreditaron como dueños de la vivienda, acusaron al Ejecutivo estatal por despojarlos de éste con lujo de prepotencia, el pasado ocho de febrero.

Acompañados de su hija Leslie Luna Morales, quien hasta la semana pasada habitaba el lugar, recriminaron el abuso de autoridad del gobierno perpetrado a través del área jurídica y del personal del Consejo Consultivo de Seguridad Pública (CCSP).

Ante medios, señalaron que el pasado miércoles al filo de las 17:00 horas, con un excesivo operativo de seguridad compuesto de al menos ocho patrullas, encabezado por Javier Arroyo Hernández, del área jurídica estatal, y del expresidente municipal priísta Benito Hernández Fernández, quien ocupa un puesto en el área de participación ciudadana del C4, aprovecharon su ausencia para apoderarse del inmueble violando chapas para ingresar.

"Cuando yo regresé de dejar a mi mamá, mi casa ya estaba sellada y cambiadas las chapas y no se me permitió el ingreso, a pesar de que en ella están todas las pertenencias de mi familia y lo necesario para sobrevivir", reveló Leslie Luna.

Quienes se llamaron propietarios legítimos del bien, reconocieron que desde el 2006 la propiedad es materia de un juicio civil que la administración orticista 'revivió' al solicitar a través de un juicio de reivindicación de derechos, asentado en el expediente 1587/2009; sin embargo, éste no se ha definido "y va por buena camino".

Por ello, llamaron 'injusto' y 'prepotente' el allanamiento del inmueble que presumiblemente confunden con otro denominado "La Tiendita", terreno que aún es materia de un procedimiento judicial abierto en el juzgado primero del distrito judicial de Hidalgo.

"El predio es de nuestra propiedad y lo hemos probado", indicó Álvaro Luna, para después agregar: "En la administración anterior nos demandaron porque según aquél gobierno era este el predio (La Tiendita); pero hemos demostrado ya con las instancias, con las escrituras, con pagos (efectuados), que esto es nuestro", señaló.

Los quejosos dijeron desconocer el interés que mueve a los representantes del Estado para efectuar acciones fuera de la legalidad, a poco tiempo de que sea resuelto el litigio en las instancias correspondientes, como también desconocieron "quién está tras esto" y por qué quiere quedarse con la vivienda.

Con lágrimas en los ojos, Virginia Morales lamentó los hechos de que ha sido víctima su familia, y responsabilizó al titular del Ejecutivo estatal por ello, al señalar "que no es tanta la extensión de su propiedad como para que un gobierno despoje a alguien".

"Pero por donde quiera que se le vea es una acción flagrante a la Constitución, una violación tremenda a los derechos humanos de cualquier persona. Como dueños que somos, tenemos en propiedad el terreno y hemos estado aquí, este ha sido nuestro domicilio", recriminó.

Los afectados revelaron que por estos hechos ayer fue presenta queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y que no cejarán en su intento por recuperar el inmueble, donde han permanecido 'haciendo guardia' por casi una semana.