• En mayo pasado la Corte devolvió bien a expropiados; la contradice el Gobernador con otro decreto
• Incumple intento expropiatorio con fin de utilidad pública, acusa representante de afectados, Hugo Enrique Díaz
• Se acudirá a todas cuantas instancias jurídicas y sociales sea necesario para exigir castigo a González Zarur
Aunque en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), devolvió a sus propietarios un bien inmueble ilegítimamente expropiado por el Gobierno de Tlaxcala en el Centro Histórico de la capital, el mandatario Mariano González Zarur, acaba de inventar otro decreto para persistir en un despojo que repite la prepotencia y abuso de autoridad de su antecesor Héctor Ortiz Ortiz.
Hugo Enrique Díaz Sánchez, representante de la familia afectada, señaló que tras ocho años de litigio que enfrentó tráfico de influencias y abusos de las autoridades estatales, finalmente a principios de mayo pasado se logró que la SCJN ordenara la devolución.
Fue incumplimiento de la causa de utilidad pública lo que motivó la reversión del decreto, pues éste sólo se cumple cuando se trata de satisfacer una necesidad colectiva, tale como un mercado público, una vialidad, una carretera, un parque público, etc.
En este caso, tanto la pasada y nulificada expropiación como la nueva emitida por el Gobernador González Zarur, incumple jurídicamente con el fin de utilidad pública.
Precisó que la prepotencia de González Zarur quedó en evidencia, justo en el desalojo ordenado por la Corte en mayo pasado.
Explicó que después de que hubo que romper chapas y candados para tomar posición del inmueble, resultó que éste, era ocupado no para fin de utilidad pública sino para bodega de trebejos y papelería oficial, con miles y miles de libros inútilmente impresos por varios gobiernos.
“Fue indignante que el actual y los anteriores gobiernos usaran la ley para satisfacer caprichos y abusos de autoridad, y más indignante, que el actual Gobernador repitiera los errores, incluso burlándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseveró Sánchez Díaz.
El afectado quien es miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que esta naturaleza de abusos va contra la certeza jurídica que los capitales requieren para invertir.
Agregó que junto con otras arbitrarias afectaciones, el bien inmueble se ubica en pleno Centro Histórico de la capital tlaxcalteca, y advirtió que esta área declarada zona patrimonial por la UNESCO, corre el riesgo de perder esta categoría de primera importancia para el turismo internacional.
Indicó que el Gobernador González Zarur opera en contradicción con la certeza jurídica que exige la inversión para la generación de empleo.
Sánchez Díaz sostuvo que de acuerdo a los análisis que al respecto están en proceso, todo indica que el nuevo intento expropiatorio es más bien para la comodidad y caprichos burocráticos del Gobernador y de la clase política tlaxcalteca.
De frente a los atropellos, se acudirá a toda instancia jurídica contra atropellos cometidos por quienes así defraudan a la sociedad que les confió la administración pública. Actos así deben ser castigados por la sociedad y el Gobernador González Zarur no será la excepción.
• Incumple intento expropiatorio con fin de utilidad pública, acusa representante de afectados, Hugo Enrique Díaz
• Se acudirá a todas cuantas instancias jurídicas y sociales sea necesario para exigir castigo a González Zarur
Aunque en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), devolvió a sus propietarios un bien inmueble ilegítimamente expropiado por el Gobierno de Tlaxcala en el Centro Histórico de la capital, el mandatario Mariano González Zarur, acaba de inventar otro decreto para persistir en un despojo que repite la prepotencia y abuso de autoridad de su antecesor Héctor Ortiz Ortiz.
Hugo Enrique Díaz Sánchez, representante de la familia afectada, señaló que tras ocho años de litigio que enfrentó tráfico de influencias y abusos de las autoridades estatales, finalmente a principios de mayo pasado se logró que la SCJN ordenara la devolución.
Fue incumplimiento de la causa de utilidad pública lo que motivó la reversión del decreto, pues éste sólo se cumple cuando se trata de satisfacer una necesidad colectiva, tale como un mercado público, una vialidad, una carretera, un parque público, etc.
En este caso, tanto la pasada y nulificada expropiación como la nueva emitida por el Gobernador González Zarur, incumple jurídicamente con el fin de utilidad pública.
Precisó que la prepotencia de González Zarur quedó en evidencia, justo en el desalojo ordenado por la Corte en mayo pasado.
Explicó que después de que hubo que romper chapas y candados para tomar posición del inmueble, resultó que éste, era ocupado no para fin de utilidad pública sino para bodega de trebejos y papelería oficial, con miles y miles de libros inútilmente impresos por varios gobiernos.
“Fue indignante que el actual y los anteriores gobiernos usaran la ley para satisfacer caprichos y abusos de autoridad, y más indignante, que el actual Gobernador repitiera los errores, incluso burlándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseveró Sánchez Díaz.
El afectado quien es miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que esta naturaleza de abusos va contra la certeza jurídica que los capitales requieren para invertir.
Agregó que junto con otras arbitrarias afectaciones, el bien inmueble se ubica en pleno Centro Histórico de la capital tlaxcalteca, y advirtió que esta área declarada zona patrimonial por la UNESCO, corre el riesgo de perder esta categoría de primera importancia para el turismo internacional.
Indicó que el Gobernador González Zarur opera en contradicción con la certeza jurídica que exige la inversión para la generación de empleo.
Sánchez Díaz sostuvo que de acuerdo a los análisis que al respecto están en proceso, todo indica que el nuevo intento expropiatorio es más bien para la comodidad y caprichos burocráticos del Gobernador y de la clase política tlaxcalteca.
De frente a los atropellos, se acudirá a toda instancia jurídica contra atropellos cometidos por quienes así defraudan a la sociedad que les confió la administración pública. Actos así deben ser castigados por la sociedad y el Gobernador González Zarur no será la excepción.
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